Sin estrategias contra el Covid 19 en las cárceles de México
El peligro de contagio por Covid-19 en las prisiones nos alcanzó. En México, el 11 de abril las autoridades confirmaron los primeros cinco casos —entre ellos, un custodio— en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en el Estado de México, así como otro más en el Centro de Reinserción Social de Mérida, Yucatán. En Estados Unidos, el New York Times reportó que, hasta el 8 de abril, 1 324 personas privadas de la libertad (PPL) han contraído el virus en diversas cárceles de Estados Unidos: 350 de ellos en la Prisión del Condado de Cook en Chicago y 200 más en la Prisión de Rikers, en Nueva York.
Las prisiones son instalaciones de alto riesgo para el contagio de este virus, toda vez que en un espacio reducido y cerrado conviven varias personas. En ese sentido, México no está exento del riesgo de brotes en los centros de reinserción social, y todo parece indicar que se trata de un problema al cual las autoridades no han prestado atención suficiente. De hecho, ya se presentó un brote en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, en el Estado de México, uno de lo reclusorios de mayor sobrepoblación del país.
Por ello, algunos países como Italia y Polonia, comenzaron a enviar a prisión domiciliaria a las PPL o a otorgar el beneficio de la pre liberación a personas sentenciadas consideradas de bajo riesgo, como en Irán y Kenia. En nuestro país, se discute en estos momentos en el Senado, la iniciativa de Ley de Amnistía que en diciembre pasado fue aprobada en la Cámara de Diputados, que facilitaría otorgar beneficios como la pre liberación o la prisión domiciliaria, mientras que entidades federativas como la Ciudad de México, Coahuila y el Estado de México, ya han anunciado medidas de este corte.
El distanciamiento social en las prisiones resulta complicado, sobre todo en países como el nuestro. Por ello, empecemos por estimar la sobrepoblación en estos recintos con base corte a enero 2020 del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno Federal.
Ilustración: Víctor Solís
Aunque la capacidad instalada en todas las prisiones del país –incluyendo las de todos los órdenes de gobierno– es de 216 237 espacios y el total de PPL es de 202 337; es decir, se encuentra al 93.57 % de su capacidad, se requiere ser muy cauteloso con la cifra agregada. La sobrepoblación se concentra en 110 de las 297 cárceles (37 %) y son éstas en las que debemos poner aún mayor atención. Mientras que algunos recintos carcelarios se encuentran a la mitad o menos de su capacidad, como el Centro de Reinserción Social de Apodaca, Nuevo León, otros como el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en el Estado de México, están sobrepobladas en 472 %.
Si observamos los datos por orden de gobierno, prácticamente todas las prisiones federales están por debajo de su capacidad instalada, con un promedio de ocupación de 52.47 %. Algunas presentan una ocupación menor al 30 %, como el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 en Buenavista Tomatlán, Michoacán.
El problema se concentra en gran medida en las prisiones administradas por estados y municipios, aunque no es responsabilidad sólo de estas autoridades: un total de 15 853 PPL del fuero federal se ubican en prisiones locales. En concreto, 92 de los 110 centros de reinserción con sobrepoblación cuentan en su población a personas en proceso o sentenciadas por delitos del fuero federal.
La siguiente gráfica muestra las 12 entidades en las que se concentra este fenómeno:
Sin ser los únicos, casos como el Estado de México —con más del doble de internos de lo que permite su capacidad instalada (109 %)— o Durango, Nayarit, Morelos y Jalisco, que se encuentran entre el 43 y 73 % de sobrepoblación, exigen estrategias urgentes de prevención del Covid-19 en sus cárceles.
El sistema penitenciario del Estado de México es particularmente preocupante. De las 10 prisiones con mayor porcentaje de sobrepoblación, ocho se encuentran en dicha entidad, como lo muestra la siguiente gráfica:
Para prevenir el contagio de internos en prisiones, la Secretaría de Salud federal publicó a mediados de marzo el Protocolo de Actuación para la Atención de Covid-19 al Interior de los Centros Federales de Reinserción Social. Sin embargo, se trata de un documento con muchas áreas de oportunidad: en estricto sentido no se trata de un protocolo, sino una presentación de Power Point de apenas siete diapositivas (contado una de portada y otra de índice). Las recomendaciones que se derivan de su contenido son muy básicas, como campañas de información, reforzar las medidas sanitarias, contar con un área de aislamiento para posibles casos, estrechar la vigilancia sanitaria para detectar casos y considerar restringir las visitas familiares.
Otro gran problema es que se enfoca en las prisiones federales y excluye a las estatales y municipales donde por la información antes expuesta, el riesgo de un brote del virus causante de la epidemia actual es mayor.
Derivado de lo anterior y a partir de la experiencia de países como Estados Unidos y España, que ya tuvieron importantes brotes de Covid-19 al interior de prisiones, resulta relevante trazar un plan de prevención más ambicioso del presentado hasta ahora por las autoridades federales, que incluya a todas las prisiones del país, en especial, aquellas que tienen sobrepoblación.