La procuración y justicia se entiende como la actividad que realiza el Estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. Al respecto, el 18 de junio de 2008, el poder reformador de la Constitución sentó las bases del nuevo Sistema de Justicia Procesal Penal de corte acusatorio y oral, situación que impuso un gran reto para las autoridades, dado que la infraestructura con la que contaban no era la idónea para soportar cabalmente los procesos que exigía el Sistema, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.